El ejercicio de la función interventora comprende:
- La fiscalización previa de los actos que reconozcan derechos de contenido económico, aprueben gastos, adquieran compromisos de gasto, o acuerden movimientos de fondos y valores.
- La intervención del reconocimiento de las obligaciones y de la comprobación de la inversión.
- La intervención formal de la ordenación del pago.
- La intervención material del pago.
Con el objeto de afrontar la situación de emergencia ante el COVID 19, el Gobierno Regional adoptó medidas de índole económico y presupuestario para garantizar una gestión eficaz y adecuada a la emergencia. El estado de alarma declarado por esta emergencia también conllevó la implantación del teletrabajo a gran parte de los empleados públicos. Con el fin de facilitar la remisión del expediente administrativo a las unidades de intervención para la fiscalización/contabilización de los mismos se habilitó un canal electrónico y se efectuaron cambios en el procedimiento contable para la simplificación de los mismos, todo ello garantizando rigor en la gestión, facilitando la labor de control y su adecuado reflejo en el sistema económico financiero.
Decaido el estado de alarma se ha considerado conveniente dictar una nueva resolución, por la que, con carácter general, se viene a mantener la eficacia de las referidas instrucciones, en cuanto a la extensión del uso del CRU en la tramitación de los procedimientos de fiscalización y contabilización, sin perjuicio de las adaptaciones o modulaciones que se han considerado necesarias, a la vista de la experiencia acumulada durante su aplicación.
La vigencia de estas nuevas instrucciones se mantendrá hasta tanto no se implemente la integración de los sistemas de gestión de expedientes y del sistema económico-financiero (TAREA), permitiendo la tramitación íntegramente electrónica de los procedimientos. Momento en el que se dejarán sin efecto, total o parcialmente, previa resolución de esta Intervención General.
